En general se trata de una ampliación de los delitos base que habilitan la responsabilidad penal del ente, siendo coherente –en lo pertinente- con el catálogo de delitos base contenidos en el art. 27 de la ley de lavado de activos. Conforme a los fundamentos el presente proyecto se orienta a modificar dos grandes aspectos del proyecto por una parte la ampliación del catálogo de delitos que pueden servir de base a la imputación al ente, especialmente a los que la criminología denomina delitos de cuello blanco (white collar crime en la denominación propuesta por Sutherland) más susceptibles de ser cometidos por corporaciones. No se debe perder de vista que muchos beneficios económicos son obtenidos en interés directo de la empresa o personas jurídicas. En segundo lugar, si bien las penas vigentes son propias a la naturaleza de la empresa, desde la pena por excelencia como la multa hasta la cancelación de la personalidad jurídica, en este ámbito se propone incorporar la norma utilizada en el derecho comparado referido al nombramiento de un interventor judicial. En tercer lugar se incorpora una nueva circunstancia agravante, cuando la organización es un mero instrumento para fines delictivos y un interventor judicial