Entrega nuevas herramientas a la Fiscalía Nacional Económica para fortalecer la investigación y persecución de prácticas colusorias. Aumenta la pena asignada al delito de colusión cuando este recae sobre bienes y servicios de primera necesidad. Propone incorporar la figura del denunciante anónimo (conocida como whistle-blower en el derecho comparado) para la denuncia de conductas anticompetitivas. Propone diversas modificaciones a la normativa actual para fortalecer la eficacia de las actuaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Alzamiento del secreto y la reserva bancaria. Nuevas técnicas de investigación. Imposición de sanciones a quienes entorpezcan las medidas de entrada y registro, oculten o destruyan evidencia. El proyecto de ley no incluye un listado taxativo de los bienes y servicios que deben ser considerados como “de primera necesidad”, de modo de que sean los tribunales de justicia quienes, de acuerdo con las circunstancias de cada caso particular, determinen si los hechos constitutivos de la conducta ilícita coinciden o no con el tipo agravado de colusión.