La propuesta se construye sobre la base de cinco principios fundamentales: • Reconocer el esfuerzo individual de los trabajadores y respetar plenamente sus derechos de propiedad sobre las cotizaciones y el ahorro previsional que acumulan en sus cuentas individuales. • Concentrar el mayor esfuerzo fiscal en los más vulnerables, en la clase media y en las mujeres. • Asegurar que cada uno de los cambios ayuden, en forma directa o indirecta, a mejorar las pensiones. • Evitar efectos negativos de las reformas sobre el crecimiento económico y la creación de empleos. • Responsabilidad fiscal, asegurando la sustentabilidad de largo plazo de los beneficios, en particular los que se financian con el presupuesto público. El proyecto de la ley comprende también normas para: 1. Incentivar la competencia en la industria de administración de fondos de pensiones; 2. Fortalecer la educación y mejorar la información previsional; y • Aumentar la transparencia del sistema de AFP. Para fortalecer la fiscalización, se busca fortalecer las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Pensiones sobre el Instituto de Previsión Social (IPS); y promover la supervisión basada en riesgos para las comisiones médicas. Además, se crean un Comité de Coordinación entre la Superintendencia y la Comisión para el Mercado Financiero y un sistema centralizado de información de ahorro previsional.