Busca modificar la LGUC para exigir que las mitigaciones de impacto en movilidad local se ejecuten de forma previa o simultánea al desarrollo de las obras, trasladando así la exigencia desde la recepción definitiva hacia el permiso de edificación. Además, limita el uso de cauciones para diferir mitigaciones directas necesarias para la operación del proyecto, e incorpora una cláusula antielusión que faculta a la autoridad a evaluar el impacto total del proyecto, incluyendo fraccionamiento o etapas sucesivas, para impedir una supesta evasión normativa.