Indica que las concesionarias no han dado debido cumplimiento a la obligación de seguridad de los usuarios que establece la normativa de consumidores, ni a las obligaciones de prestar un servicio en condiciones de normalidad y de responder por los daños ocasionados que establece la ley de concesiones y su reglamento. Propone insistir en sus deberes, definir el contenido de sus obligaciones de brindar un servicio seguro y facilitar los medios para hacer efectiva la responsabilidad que tienen con los usuarios de las rutas que les han sido entregadas en concesión.